El Tribunal supremo entiende como laboral la relación entre profesores que imparten cursos de formación profesional ocupacional y las academias donde prestan servicios.

El Tribunal supremo entiende como laboral la relación entre profesores que imparten cursos de formación profesional ocupacional y las academias donde prestan servicios. La STS Nº 381/2018, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 179/2016 de 10 de abril de 2018, Ecli: ES:TS:2018:1773, declara la laboralidad del vínculo entre los profesores y la academia que imparte cursos de formación profesional ocupacional mediante subvenciones de los servicios públicos de empleo y ocupación, otorgadas precisamente para el desarrollo de las acciones formativas incluidas en la competencia de éstos. Para el Alto Tribunal, “tanto el lugar de prestación de servicios, como los medios materiales, horarios y selección de los alumnos les venía impuesto y se hallaba en la órbita de la empresa”, lo que, junto con la concurrencia de la nota de dependencia, entendida como la sujeción del trabajador, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa, y otros “indicios” como la fijación del lugar de trabajo por el empleador, el sometimiento a un horario, o la programación de la actividad por parte de la empresa, denotan el carácter laboral de la relación. También es apreciable, matiza el TS, la nota de ajenidad pues, “los trabajadores en este caso no carecen de facultad alguna para fijar los precios, ni la selección de los alumnos”. Este fallo, se une a la STS/4ª de 22 julio 2008 (rcud. 3334/2007), llegando a la conclusión de que la relación de los profesores afectados es de carácter laboral porque la empresa pone la «organización académica necesaria para la prestación de servicios por los dos profesores, codemandados, quien ofertaba los cursos al público, quien organizaba los grupos de alumnos, quien fijaba los horarios del curso, salvo que fueran personalizados, con un único alumno, en cuyo caso, eran los profesores, junto al alumno quien organizaba los horarios; quien cobraba los importes correspondientes a cada curso, lo que demuestra la dependencia y la ajenidad que caracteriza a la relación laboral, pues la actividad se realizaba dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, percibiendo de retribución una cantidad fija, 8 euros a la hora, si el curso era personalizado y 12 euros, si el curso era colectivo, con independencia del número de alumnos». Y añadíamos que no desvirtuaba tal calificación laboral el que los profesores «no estuvieran sometidos a la empresa sobre el desarrollo de los cursos, que elaboraban su contenido, evaluando los conocimientos de los alumnos, sin intervención de la empresa, pues ello entra (…) dentro de la libertad de cátedra». Finalmente, echando por tierra el razonamiento de la parte recurrente de que se trataba de un supuesto específico, cual es el de las acciones formativas subvencionadas del sistema de formación profesional para el empleo, la Sala de lo Social manifiesta: “carece de toda relevancia tal circunstancia, puesto que ese es un aspecto que afecta a la relación jurídica que se establece entre la academia y la Administración pública competente, mas no afecta a la relación que aquélla entabla con los profesores a los que contrata para poder desarrollar la actividad a la que se compromete con dicha Administración. No existe vinculación alguna entre los trabajadores y el organismo público. Las facultades que éste mantiene en orden a determinadas características de los cursos o de los alumnos se desarrollan en el seno del vínculo jurídico que asume la empresa, no implicando conexión con los trabajadores contratados para la ejecución de la actividad sujeta a aquel marco de formación subvencionada”.